Sánchez promete a Bildu y ERC Consejos Autonómicos de Justicia para controlar a los jueces

Pedro Sánchez avanza en el fraccionamiento de la unidad del Poder Judicial. Se trata de una petición de Bildu y ERC y el presidente del Gobierno está dispuesto a cumplirla. El resultado sería el avance en un delicado y controvertido modelo que desgajaría funciones actualmente comprendidas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ya ha recibido los reparos del Tribunal Constitucional. Pero, pese a ello, Sánchez quiere llegar al máximo posible en el traspaso de este poder judicial a las autonomías separatistas por el empeño de las dos formaciones mencionadas. Un empeño que sólo tiene una explicación: el deseo de ambos partidos de pasar a tener su cuota de control de los jueces en sus respectivos territorios.

El nombre otorgado en las negociaciones a los organismos que deberían recibir este poder a efectos autonómicos es el de Consejos Autonómicos de Justicia. Y las dos principales regiones empeñadas en avanzar en esta senda son el País Vasco y Cataluña. El PNV siempre ha insistido en este punto, pero el partido más insistente en estos momentos y en esta materia en el País Vasco es Bildu.

En Cataluña ocurre tres cuartas partes de lo mismo. CiU reclamó en su momento esta figura pero ahora la formación verdaderamente insistente e influyente en el ámbito catalán es ERC. Pedro Sánchez y Oriol Junqueras ya iniciaron las conversaciones en su momento para avanzar en la entrega del control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas.

El PSOE acepta ahora fraccionar el Poder Judicial bajo esa fórmula de Consejos Autonómicos de Justicia y lo hace para que los independentistas puedan controlar a los jueces, liberar a sus respectivos delincuentes presos, y ejercer sin cortapisas su injerencia política hasta el punto de reducir la carga penal correspondiente a movimientos como los CDR o la ‘kale borroka’. Pero Sánchez deberá tener mucho cuidado con esta cesión. Y es que se trata de un acuerdo que desafía la sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al actual estatuto de autonomía catalán.

El pacto incluye todo un proceso controlado de demolición del actual Poder Judicial tal y como se conoce y como fue definido por la Carta Magna. Un proceso que los separatistas quieren que nazca desde dentro y que cuente con su presencia directa en las sillas del Consejo General del Poder Judicial: con presencia de ERC y Bildu en el Poder Judicial. Esa petición, de hecho, ha sido remarcada ya por Podemos en las negociaciones de renovación de los cargos del CGPJ.

Sánchez se ha comprometido con este fin en avanzar en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de fraccionar el Poder Judicial para entregar a la Generalitat de Cataluña el control de los jueces de la región catalana. Y exactamente lo mismos en el País Vasco.

El problema con el que se ha encontrado el PSOE ha sido el rechazo del PP a aceptar la entrada, ni de Podemos, ni de Bildu, ni de ERC en esas negociaciones. Y la reforma es de tal calado que resulta más que complicada sin el impulso desde el actual CGPJ y sin el consenso del PP.

La entrada de ERC y Bildu en el Poder Judicial exigida por Pablo Iglesias, de este modo, no sólo sería un gesto hacia los independentistas por parte del PSOE, sino que, además, permitiría ir trabajando en la dirección final que buscan los separatistas: esa estrategia exige una reforma de la legislación del Poder Judicial y debería sortear un grave problema: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Constitucional.

Y es, precisamente ahí, donde empezaría a jugar un papel importante la pretendida entrada de ERC y Bildu en el CGPJ porque este organismo tiene que informar sobre esa reforma y lo haría ya con la influencia de los separatistas. El PSOE ha ofrecido, además, a ERC y Bildu una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria –casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles–.

El esquema base que se pretende tomar como brújula en esta negociación es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas han comunicado su disposición a negociar la creación de un «Consejo de Justicia de Euskadi”, un camuflaje que permita empezar a arrebatar competencias únicas del CGPJ nacional.

Ahora ese esquema se pretende impulsar en Cataluña y el País Vasco.